Modificaciones en el Impuesto a los Bienes Personales


LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA.

MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES


LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

La ley 27541 publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019, de solidaridad social y reactivación productiva, introdujo diversas e importantes modificaciones a las normas tributarias. Analizaremos a continuación aquellas vinculadas con el impuesto sobre los bienes personales

Recordemos que el artículo 25 de la ley 23966 del impuesto sobre los bienes personales establecía una alícuota del 0,25%, a partir del período fiscal 2018 y siguientes, aplicable para las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior.

Por otra parte, el artículo 24 del mismo cuerpo legal contemplaba un mínimo no imponible de $ 2.000.000 y de tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarían alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de la ley, resulten iguales o inferiores a $ 18.000.000.

El artículo 28 de la ley 27541 modifica con efectos a partir del período fiscal 2019, inclusive las alícuotas, siendo aplicables las siguientes:



No obstante que las alícuotas se incrementan de manera significativa, (desde el primer tramo, se duplican), se delega en el Poder Ejecutivo Nacional, hasta el 31/12/2020, la facultad de:

- Fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima del 1,25%, para gravar los bienes situados en el exterior, es decir, quedaría en una tasa de hasta el 2,5%.

- Disminuirla, para el caso de activos financieros situados en el exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización. En este supuesto podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado.

En el supuesto de definir dichas alícuotas diferenciales y a fin de determinar el monto alcanzado por cada tasa, el mínimo no imponible se restará en primer término de los bienes en el país.

Una cuestión no menor es que la propia ley se ocupa de definir qué se entenderá por “por activos financieros situados en el exterior”:

- La tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior.

- Participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones) en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales.

- Derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

- Toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotapartes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación.

- Créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptibles de valor económico y toda otra especie que se prevea en la reglamentación.

Se mantiene la posibilidad de computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente, que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Se establece un orden de prelación, para aquellos casos en los cuales el Poder Ejecutivo ejerciera la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100%, en tal caso, el cómputo del pago a cuenta procederá, en primer término, contra el impuesto que resulte por aplicación de la escala del impuesto, y el remanente no computado podrá ser utilizado contra el gravamen determinado por aplicación de las alícuotas diferenciales.


Veamos un ejemplo haciendo la comparación con la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, correspondiente al período fiscal 2018, de una persona humana.

Un contribuyente que tiene como bienes situados en el país, bienes inmuebles, automotores y dinero en efectivo y como bienes situados en el exterior, inversiones en títulos y depósitos en dinero. La declaración jurada correspondiente al período fiscal 2018 arrojó un impuesto determinado de $ 57.278,70, que surge de aplicar la alícuota del 0,25% a la base imponible de $ 22.911.481,26.


PERÍODO FISCAL 2018. DDJJ PRESENTADA

Si proyectamos la misma declaración jurada para el período fiscal 2019, sin hacer ningún cambio en la valuación de los bienes, ni siquiera en aquellos situados en el exterior, donde la incidencia del tipo de cambio es muy significativa, veremos el incremento de la carga fiscal, que pasa de $ 57.278,70 a $ 205.768,62, este último surge de una suma fija de $ 156.250,00 más el 1,25% de lo que excede de $ 3.961.481,26 ($ 21.961.481,26 menos $ 18.000.000,00).

DDJJ 2018. PROYECTADA AL 2019


DDJJ 2018. PROYECTADA AL 2019 CON ALÍCUOTAS DIFERENCIALES


Finalmente, si el Poder Ejecutivo ejerciera la facultad de fijar alícuotas diferenciales en el máximo, la tasa del 1,25% pasaría al 2,50%, en cuyo caso, el incremento de la carga fiscal, pasa de $ 57.278,70 (situación base del período fiscal 2018) a $ 255.287,03, que surge de una suma fija de $ 156.250,00 más el 2,50% de lo que excede de $ 3.961.481,26 ($ 21.961.481,26 menos $1 8.000.000,00)


Habrá que evaluar, en casos concretos, si el incremento de la alícuota no vulnera principios constitucionales. Nos referimos en particular al principio de igualdad ante la ley, que podría verse afectado cuando se aplique un mayor impuesto a un contribuyente que posee bienes en el exterior, frente a otro contribuyente que, a igual capacidad contributiva, pero que solo posee bienes en la Argentina, pagaría menos impuesto.

En el mismo sentido, de incrementar el impuesto, el artículo 29 de la ley 27541, sustituye el primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de la ley 23966, duplicando la alícuota del 0,25%.

Entonces, el gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19550 de sociedades comerciales, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley y la alícuota a aplicar será de veinticinco centésimos por ciento (0,50%). La alícuota, en caso de acciones, se aplica sobre al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida.


El artículo 30 de la ley 27541 hace lo propio con relación a los bienes situados en el país pertenecientes a sujetos radicados en el exterior, cuya alícuota pasa del 0,25% al 0,50%.

En estos dos últimos casos comentados (gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la L. 19550 y bienes situados en el país pertenecientes a sujetos radicados en el exterior), nos preguntamos si el Poder Ejecutivo puede ejercer la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta el 100%, pasando del 0,5% al 1%. Nuestra opinión es que no podría, por como está redactada la norma que lo faculta, que expresa “Delégase en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31/12/2020, la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente…” y dicho “cuadro precedente” contiene únicamente las alícuotas aplicables a personas humanas y sucesiones indivisas.

Finalmente, el artículo 30 de la ley 27541 indica:

“Modifícase el Título VI de la ley 23966 y sus modificatorias, del impuesto sobre los bienes personales, con relación a la condición de contribuyente, con efectos para los períodos fiscales 2019 y siguientes, de la siguiente manera:

El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y condiciones establecidos en los artículos 19 y siguientes de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 2019, quedando sin efecto el criterio de ‘domicilio’”.

Recordemos que el artículo 17 de la ley 23966 definía como sujetos pasivos del impuesto a:

a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el país y en el exterior.

b) Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en él, por los bienes situados en el país.

Con esta modificación, se abandona el criterio de “domicilio” y ahora deberá tenerse en cuenta si las personas físicas son “residentes” en el país, en los términos de las normas de residencia contenidas en la ley de impuesto a las ganancias, a partir del artículo 119 y siguientes.

En la Sesión Extraordinaria del Senado de la Nación, el senador Lousteau, manifestaba que(1):

“En tres días entra un día el proyecto recontra abarcativo, se discute en comisión, hay que dictaminar ese mismo día. Al día siguiente, la sesión en Diputados; y ahora estamos acá con un proyecto que entró y que lo conocemos en definitiva -el que viene con media sanción de Diputados- hace cinco horas. Y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer”.

Las modificaciones comentadas generan un importante incremento en la carga fiscal de los contribuyentes, que en muchos casos generará litigiosidad por vulnerar principios constitucionales; sin dudas que hubiera sido necesario un mayor análisis y debate de tan importantes modificaciones, pero una vez más primó la urgencia en aprobar la ley.


Nota:

(1) Versión taquigráfica de la Sesión Extraordinaria del Senado de la Nación del 20/12/2019

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